Esta  estrategia, que podríamos calificar de coacción, es la que adoptan multitud de empresas para que se paguen estas facturas .

Nuestro abogado, Pablo Álvarez Escalada,  experto en Litigación y Práctica Judicial, nos lo explica con claridad.

El problema es que la mayoría de las veces esas deudas no se corresponden a servicios que puedan justificar o, incluso, se corresponden con cargos o comisiones abusivas, que judicialmente no tendrían ningún tipo de viabilidad, siendo además los costes de reclamación superior al de la deuda en sí misma.

Esta situación, claramente injusta para las personas, ya cuenta con respaldo judicial para realizar un reclamación, puesto que es un ataque contra el derecho al honor y una invasión de nuestra privacidad. 

Argumentos del Tribunal Supremo

Recientemente el Tribunal Supremo ha concedido una indemnización de 6.000 € a una persona que fue inscrita en un fichero de morosos por una pequeña cantidad. En este sentido el Tribunal Supremo señala:

– La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.

– También ha afirmado la sala que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico. Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre , «según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003 ) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos.

– La inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, serían indemnizables, en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas, debiendo tenerse en cuenta para este segundo aspecto la divulgación de tal dato, para lo cual es determinante si, por ejemplo, entidades bancarias han consultado el registro.

– La escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral que le causó a la demandante la inclusión en los registros de morosos.

– Los meros indicios de veracidad de la deuda no pueden tener la entidad indemnizatoria que le otorga la sentencia recurrida, pues hemos declarado ( sentencia 174/2018, de 23 de marzo ) que que uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse «principio de calidad de los datos».

Debe señalarse que inicialmente se solicitaban 10.000 €, los cuales fueron estimados en primera instancia, posteriormente en segunda instancia, la audiencia provincial redujo la indemnización a 2.000 € y, finalmente, el Tribunal Supremo, en base a los argumentos anteriormente señalados la fijó en 6.000 €.

Por lo tanto, es una muy buena noticia que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre una cuestión manifiestamente injusta que seguramente han sufrido muchísimas personas. Los ficheros de morososos tienen su legítimo origen en llevar a a cabo un registro de aquellas personas insolventes que reconocen la deuda pero que no pueden pagarla.

Cuestión diferente es la de aquellas que no quieren abonar un cargo que consideran injusto y que su reclamación deberá sustanciarse en los juzgados y tribunales.

Ejercita acciones legales – Abogados Coruña

¿Estás inscrito en un fichero de morosos de forma injusta?¿Te han denegado financiación por este motivo? ¿Te gustaría demandar a las empresas implicadas? ¿Quieres hacer frente de una vez por todas a este tipo de empresas?

Ponte en contacto con nosotros  en el Tfno. 881252160 o en info@insitu-a.com y valoraremos tu caso para acudir a los tribunales en reclamación de una indemnización. 

Para aquellos que estéis interesados podéis obtener el texto de la sentencia pinchando AQUÍ

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Tratan datos de salud el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, hospitales públicos y/o privados, centros penitenciarios, clínicas médicas, clínicas de odontología, centros y asociaciones de discapacitados, enfermos mentales y/o ancianos, compañías aseguradoras, mutuas, entidades bancarias, etc..

Los datos de salud están presentes en múltiples administraciones públicas y negocios privados  y están ligados a la asistencia y prestación de servicios sanitarios y también a otras actividades como los seguros, la recaudación de impuestos o los grados de minusvalía. En este sentido, son calificados en el nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 en adelante RGPD como categoría especial de datos personales.

¿Qué son los datos de salud?

En primer lugar, debemos definir, dentro del marco de la protección de datos, qué se entiende por datos de salud; en este sentido el considerando 35 del RGPD señala que serán datos de salud  “todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro”, esto es, todo número, símbolo o dato asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios. Por lo tanto, dicha categoría es muy amplia, y aquí podemos incluir la información relativa a:

– La obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de una sustancia corporal. 

– La procedente de datos genéticos y muestras biológicas.

– La relativa a una enfermedad, una discapacidad o el riesgo de padecer enfermedades.

– La relativa al historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del interesado.

Y todo ello independientemente de su fuente, ya provenga de un médico, cualquier profesional sanitario, de un hospital o de un dispositivo médico.

Pues bien, en su art. 9 el RGPD, el RGPD denominado “Tratamiento de categorías especiales de datos”, señala que queda prohibido el tratamiento de los datos de salud (entre otros), si bien establece hasta 10 supuestos en los que dicho tratamiento no estará prohibido, entre los que se encuentran, la prestación de servicios de interés público, medicina preventiva, consentimiento expreso del afectado, seguridad social y derecho laboral, etc..

Es en base a dichos supuestos y legítimos intereses sobre los que actúan todos las entidades (clínicas, hospitales, etc..) y sobre las cuales está legitimado el tratamiento de datos relativos a la salud.

¿Qué debo tener en cuenta con la nueva normativa?

Sentadas estas bases, que deben tener en cuenta aquellas entidades públicas o privadas que tratan datos de salud con el nuevo RGPD.

1º.-  Debe adecuarse toda la documentación legal de la entidad u organización.

En este sentido cláusulas de consentimiento, contratos con encargados de tratamiento,  transferencias internacionales de datos a terceros países, realización de un registro de actividades de tratamiento y análisis de riesgos, son cuestiones documentales a actualizar y adecuar a la nueva normativa.

Los cambios aquí son sustanciales, puesto que desaparece la figura del antiguo documento de seguridad y la inscripción de ficheros, incorporándose nuevas obligaciones documentales como el registro de actividades de tratamiento, el análisis de riesgos o, en determinados supuestos, la evaluación de impacto; documentación que deberemos tener preparada y actualizada para el caso de ejercicio de derechos por parte de los interesados, reclamaciones extrajudiciales o judiciales por parte de éstos, determinación de responsabilidades con encargados de tratamiento frente a los interesados o requerimiento de la autoridad de control, en nuestro caso, la Agencia Española de Protección de Datos.

2º.- Con el nuevo RGPD, desaparecen los niveles de seguridad, instaurándose un criterio de proactividad o accountability en función de los riesgos.

Hasta ahora, se tenía un documento de seguridad que establecía una serie de medidas de seguridad y una auditoría bienal en función del nivel de seguridad de los datos que se trataban, y con eso parecía que se tenía todo hecho. Con el nuevo RGPD  esto desaparece y será la propia organización o entidad, de forma proactiva, la que determine por un lado las medidas de seguridad a tomar así como la procedencia y plazos para la realización de auditorías.

Además, tendrá que documentar todas sus decisiones para, en su caso, poner a disposición de la autoridad de control competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido,  las administraciones públicas y aquellas empresas que traten datos a gran escala deberán designar de forma obligatoria un Delegado de Protección de Datos (DPO).

No obstante, aquellas entidades u organizaciones que no están obligadas a designar un DPO podrán hacerlo de forma voluntaria o cuando menos designar a una persona, un equipo jurídico, ya sea interno o externo, que se encargue de trazar un plan de seguridad de la información en la empresa y de revisar constantemente dicho plan en aras del cumplimiento normativo.

3º.- Cumplimiento de las medidas de seguridad.

Como quiera que en este artículo de blog estamos hablando de los datos relativos a salud como categoría especial de datos personales, se debe ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento y aplicación, no sólo de los requisitos legales, determinantes a efectos formales, de responsabilidad y sancionadores, sino también en el cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad.

Imaginémonos por un momento que una clínica médica u hospital público o privado, sufre un ataque informático, ya sea por una mala ejecución de la política de contraseñas, porque tenemos nuestros servicios de cloud computing en un país no autorizado, por la falta de formación de su personal, por un malware o ramsomware, y se pierde toda la información clínica de los pacientes; o imaginémonos que alguien accede a esa información y publica en la red datos especialmente sensibles. Aquí los daños se podrían evaluar a varios niveles:

– Si estamos en el ámbito privado, la pérdida de los datos o la filtración o acceso por parte de terceros conllevaría un evidente pérdida (o mejor dicho destrucción) de su reputación y con ello de su negocio.

– Avalancha de  reclamaciones judiciales en solicitud de indemnizaciones por parte de los interesados que se puedan ver afectados.

– A nivel sancionador, los efectos serían devastadores también, con sanciones de hasta 20 M de euros y/o el 4% de la facturación global anual, optándose por la de mayor cuantía.

– A nivel público, la pérdida o destrucción de los datos de salud (historias clínicas, pruebas, etc..) de la ciudadanía sería catastrófico y podría poner en riesgo incluso nuestro sistema de salud.

4º.- Debemos ser conscientes del mundo en el que vivimos.

La sociedad de la información y la tecnología, ha traído al ámbito de la salud y en general a todos los ámbitos mejoras inimaginables, pero también ha conseguido que toda esa cantidad abrumadora de información que fluye a través de todos nuestros dispositivos sea merecedora de una especial atención. En este sentido, de nada sirven las grandes medidas de seguridad en las que invierten miles de millones las grandes compañías tecnológicas y los estados, si después la política de contraseñas es defectuosa o el personal no conoce los riesgos que entraña abrir un correo electrónico malicioso.

Soluciones

– En Insitu Abogados entendemos que debe afrontarse la seguridad de la información de una forma positiva, como una forma de mejorar la seguridad y el valor tanto en instituciones públicas com organizaciones privadas. El primer paso es concienciarse de la importancia de comporta la seguridad de la información y empezar a prestar atención y recursos a ello. Nosotros te guiaremos en el proceso informándote de las obligaciones legales y de los pasos a seguir.

– Se debe tener un correcto, constante y minucioso asesoramiento legal en la materia, conociendo todas las implicaciones normativas que implica la nueva legislación de cara a mejorar la seguridad de la información tanto en insituciones públicas como organizaciones privadas, en aras de preservar la reputación de la organización, garantizar los derechos de los pacientes y evitar elevadísimas sanciones.

– No debemos quedarnos en la apariencia legal, o en asesoramiento puntual,  sino que deben destinarse los recursos continuados y adecuados para ejecutar las medidas de seguridad acorde a los datos a tratar y, para ello, en Insitu Abogados, una vez ofrecido el asesoramiento legal oportuno, contamos excelentes  empresas colaboradoras sitas en Galicia especialistas en ciberseguridad y seguridad de la información, que llevarán a cabo las labores informáticas necesarias. 

Si necesitas asesoramiento legal riguroso y de calidad en materia de protección de datos puedes ponerte en contacto con nosotros en el Tfno. 881252160 o en info@insitu-a.com.

Por último, te dejamos una pequeña herramienta de autodiagnóstico de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) para que conozcas en que estado de riesgo se encuentra tu negocio. https://adl.incibe.es/

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Para los abogados, está siendo abrumador el momento actual en el que se suceden cambios jurisprudenciales tan rápidos, nuevas casuísticas constantes y acontecimientos tan importantes como los que estamos viviendo. La disolución del Banco Popular es un escándalo más en el que el usuario, el minorista y en definitiva la persona de a pié sufre los abusos indiscriminados del sector bancario.

Es un momento en el que en general la justicia, y en particular, los despachos de abogados tenemos la apasionante tarea de ayudar y defender los derechos de los clientes qué han visto cómo han perdido una cantidad de dinero importante; participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, swaps, acciones de Bankia, cláusulas abusivas y ahora acciones del Banco Popular, sin olvidarnos de otros tantos productos tóxicos que sin haber ganado tanta repercusión mediática han sido también objeto de múltiples sentencias. Pasemos a abordar el asunto del Banco Popular;

¿En qué consiste el problema?

EL pasado 7 de Junio de 2017 el FROB (Fondo de reestructuración ordenada bancaria) dictó una resolución en la que se cumplía el mandato del Banco Europeo para la acordar la resolución (disolución) de la entidad Banco Popular (que en su día absorbió al Banco Pastor), fundamentalmente debido a la inviabilidad de dicha entidad bancaria. El Banco Popular, fruto de los excesos del pasado, ya no podía hacer frente a sus deudas y demás gastos futuros.

Para la extinción de dicha entidad se decide utilizar la venta del negocio en su unidad transmitiendo el total de las acciones al comprador, que en este caso fue, dentro de un proceso supuestamente competitivo, el Banco Santander.

El Banco Popular tenía un total de 2.098.429.046 € como capital social representado por 4.196.858.092 acciones nominativas a un valor de 0.50 € la acción.

El Banco Popular, como decíamos, se vende por 1 € al Banco Santander, por lo que, simplificando mucho, todas esas acciones pierden todo su valor, es decir, literalmente el dinero de los accionistas ha desaparecido. Dentro de ese conjunto de accionistas había inversores importantes e inversores minoristas clientes de la entidad. Esto se sustenta y argumenta por parte del FROB en base a que la absorción de las deudas debe hacerse en primer lugar por los accionistas de la entidad, puesto que serían unas pérdidas similares a las que se tendrían en un proceso concursal. También soportarán pérdidas otros acreedores del Banco Popular. 

En resumen, que para disolver ordenadamente EL Banco Popular, se lo han vendido al Banco Santander como unidad productiva (con su cartera de clientes) pero sin deuda alguna. Esta deuda que desaparece, es en realidad el dinero de las personas que, con una dudosa comercialización y sin una información adecuada compraron acciones del Banco Popular. Dicho técnicamente, el FROB ha acordado reducir el capital social del Banco Popular a 0 €.

Bien, decíamos que el FROB dictó una resolución acordando la reducción del capital social de Banco Pastor a 0 €. Pero la cosa no termina ahí; a la vez, en la misa resolución del FROB, resuelve un aumento de capital de casi 2.000 millones de euros en acciones.

Para explicarlo muy claramente; se reduce el capital del Popular a 0 € se vende al Santender por 1 € e inmediatamente se vuelve a aumentar a 2.000 millones dividido en acciones de 1 €. O lo que es lo mismo, se les quita el dinero a los accionistas del Popular, se le regala la entidad al Banco Santander y ahora el propio Santander tiene que vender en acciones por valor de 2.000 millones para cumplir con el aumento de capital. ¿A quien se le venderán esas acciones? Es evidente que 2.000 millones no se crean de la nada y que irán destinados a cubrir y garantizar el importe de las cuentas corrientes de los clientes del Popular. Además, dicho aumento de capital conlleva la exclusión del derecho de suscripción preferente que tienen los que ya son accionistas en base a la legislación societaria por lo que el desconcierto es total.

¿ Ahora el Banco Santander ofrece a los accionistas recuperar el dinero ofreciéndoles bonos?.

Por parte del Consejo de Administración, y así comunicado por la Sra. Botín,  se propone a los accionistas del Banco Popular que suscriban “bonos de fidelización” cuyas condiciones no están claras todavía, pero que en todo caso, parece ser, que abre la puerta a que se recupere el dinero en un plazo de 7 años siempre a voluntad del Banco Santander.

Llegados a este punto, en el que el lector poco menos que es un experto en la materia, vamos a empezar a hablar de las cosas como realmente son. Los “Bonos de fidelización” son, ni más ni menos, que una suerte de Obligaciones Subordinadas del Banco Santander; es decir es un producto complejo y con riesgo, que se está comercializando en base a la desesperación de los accionistas del Popular por recuperar su dinero;  Esto ya debería sonarnos de cuando, junto con sus amigas las participaciones preferentes, hicieron auténticos estragos. Por si esto no fuese suficiente, el Banco Santander no quiere devolver el dinero, sino que pretende mantener esa gran cartera de clientes que ha comprado con un 1 € ofreciendo a los accionistas un producto claramente nocivo a cambio de que permanezcan como clientes en la entidad, de ahí su no muy imaginativa denominación “de fidelización”. Tengan por seguro que dentro de 7 años estos bonos se convertirán en otra cosa y así sucesivamente.

La banca no ha aprendido nada. 

Creemos que ha quedado claro que la banca no puede comercializar todo tipo de productos con todo tipo de clientes y que tiene un deber especial de diligencia y transparencia a la hora de explicar y vender sus productos bancarios. Son miles las sentencias que existen en este sentido, pero creemos que a día de hoy siguen jugando con el elemento disuasorio, es decir, de cada 10 2 reclamarán judicialmente y el resto no. Afortunadamente, estas situaciones desesperadas están llevando cada vez más a la gente a perder el miedo a llevar ante los juzgados a las entidades bancarias, lo cual es un gran logro para nuestra sociedad.

Basta ya!

Llegados a este punto, una persona física o jurídica, minorista, sin conocimientos bancarios, bursátiles y societarios no tiene porqué soportar la pérdida de un dinero que a buen seguro le ha costado mucho esfuerzo ganar y verse en todo este caos de productos bancarios y operaciones bancarias de semejante exigencia técnica y elevadísima complejidad.

Su dinero es su dinero; no son acciones ni bonos. El Banco Popular planteó un aumento de capital en el año 2016 en el que ocultó o maquilló sus cifras para dar una apariencia que un año más tarde resultó ser toda una farsa, como ya ocurrió en su día con Bankia.

Por lo tanto, tanto si se tienen acciones anteriores a 10 de Abril de 2017 (momento en el que se conoció la insolvencia de Banco Popular) o si tienen acciones de la ampliación de 5 de Diciembre de 2012 ya sea en Banco Popular o en Banco Pastor, o si en su día tuvo bonos, participaciones preferentes o deuda subordinada que se convirtió en acciones no lo dude ni un minuto más, diga basta ya.

La solución. Reclama tus derechos demandando al Banco judicialmente.

Es evidente que la suscripción de acciones se produjo sobre la base de una información adulterada, o bien con una comercialización incorrecta, o como solución al conflicto de las participaciones preferentes, pero en todo caso se ha producido con lo que jurídicamente se denomina “vicio en el consentimiento”, es decir, un volumen muy elevado de las personas físicas o jurídicas que suscribieron acciones u otros tipos de productos financieros prestaron su consentimiento de forma viciada ya que además de no tener acceso a la mayoría de la información de la ampliación de capital de la entidad bancaria lo poco que sabían estaba adulterado.

¿Qué beneficios se pueden obtener?

En primer lugar está el beneficio estrictamente económico de recuperar en metálico el dinero invertido para disponer de él de forma efectiva. Además, también se consigue el beneficio de huir de una concatenación de productos bancarios en el que sumido un pequeño inversor saltando entre participaciones preferentes, acciones, bonos de fidelización, etc. con los quebraderos de cabeza y preocupaciones que esto conlleva.

Resulta muy importante tomar decisiones adecuadas, puesto que si se aceptan las condiciones del Banco Santander no se podrá acudir a la vía judicial.

Elige Insitu Abogados

Hemos actuado en multitud de procedimientos en reclamación de productos tóxicos y cláusulas abusivas,  con un éxito total. 

Nuestras características principales como despacho están en nuestro buen trato al cliente, cercanía, transparencia en materia de honorarios y, por supuesto, con resultados en el los juzgados y tribunales buscando siempre el beneficio del cliente. 

En este área, nuestra actuación engloba desde asesoramiento a la hora de decidir qué hacer ante tu banco y, de existir viabilidad, ejercitar las acciones judiciales pertinentes. 

Además e hemos conseguido la condena en costas de las entidades bancarias en un número muy elevado de ocasiones, por lo que el procedimiento para el cliente ha sido gratuito.

Tenemos despachos en A Coruña y en Monforte de Lemos (Lugo), si quieres reunirte con nosotros personalmente. Gracias a las nuevas tecnologías, también podemos reunirnos a través de Skype, Facetime o Hangouts. Ponte en contacto con nosotros en el 881252160 o envíanos un e-mail a info@insitu-a.com y recupera tu dinero.

Ldo. Pablo Álvarez Escalada

Col. 1.869 ICA Lugo

pablo@insitu-a.com

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