En la práctica, estos son algunos de los motivos y supuestos más frecuentes por lo que a la hora de repartir una herencia se termina en el juzgado:

A) En función de las circunstancias:

1.Disposiciones testamentarias inadecuadas.- El testamento define la verdadera voluntad de la persona fallecida, y por eso es determinante que esté bien hecho. A priori parece sencillo, uno tiene una serie de bienes y los reparte entre sus herederos; pero lo que de inicio parece tan sencillo, en la práctica está demostrado que es tremendamente complejo y el índice de litigiosidad es muy alto. El derecho sucesorio tiene una amplia regulación de derecho civil común, además de las diversas legislaciones forales como el derecho civil de Galicia, existiendo un amplio desarrollo jurisprudencial que se lleva produciendo durante muchísimos años. Recordamos, a título de anécdota un testamento en el que los testadores, entre legítimas, mejoras, legados y valoraciones , por error, dejaron una mayor herencia a un heredero que a otro cuando su intención era dejar sus bienes a partes iguales entre sus hijos. Esto produjo una situación tremendamente desagradable.

Otra creencia equivocada es creer que el Notario lleva a cabo un asesoramiento profundo en la materia. Los notarios son fedatarios públicos y su misión es hacer que quede constancia de que un determinado tipo de testamento ha sido otorgado por una determinada persona en una determinada fecha, pero en ningún caso va a realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de la situación sucesoria de la persona.

Es fundamental que la persona o personas, en caso de testamento conjunto, se asesoren adecuadamente a la hora de otorgar testamento con una abogado o despacho de abogados de su confianza. Las posibilidades que nos ofrecen tanto las leyes forales como el código civil son muy amplias.

Lógicamente, cuanto mayor sea el patrimonio a repartir y mayor sea el número de herederos mayor será el asesoramiento y la precaución que se deberá tener con el reparto de la herencia.

2.Heredero o herederos que se niegan a realizar la partición.- Es frecuente que alguno o algunos de los herederos, bien porque se encuentren en un estado de posesión de bienes que le resulte cómodo, o bien porque se sienten perjudicados en la sucesión hereditaria, se nieguen a realizar gestiones, a contribuir en los gastos o acudir a la notaría o abonar el importe de la legítima.

Esta es una situación que produce una gran tensión entre los herederos, puesto que uno o varios de ellos se niegan a que las actuaciones para llevar a cabo los trámites necesarios para repartir la herencia avancen.

En estos casos, es el procedimiento judicial la única forma de obligar a un heredero a realizar la partición, puesto que en caso de que se le notifique y no comparezca en el procedimiento judicial, dicho procedimiento continuará sin él, perdiendo la oportunidad de defensa de sus legítimos intereses y llegándose a un reparto efectivo de la herencia.

3.No existe acuerdo en el valor  de los bienes: Muchas veces se procede al reparto de los bienes por parte de los causantes en el testamento, realizando una asignación exhaustiva de los bienes, pero, por ejemplo, no se establece un mecanismo ni persona encargada de realizar la valoración de los bienes. Es muy frecuente en estos casos que al que se le asigne el bien quiera valorarlo a la baja y, por ejemplo, el que ha de ser compensado económicamente, quiera valorarlo al alza; estas valoraciones pueden ser realmente complejas, puesto que pueden referirse por ejemplo a bienes inmuebles, pero en otras ocasiones puede tratarse de derechos reales o  participaciones o acciones societarias, derechos de propiedad intelectual, etc..

Estas situaciones también tienen difícil solución, puesto que la característica esencial de este tipo de procedimientos es la mezcla de los intereses económicos y patrimoniales con las relaciones personales, lo que hace en ocasiones imposible el acuerdo entre las partes intervinientes. Realmente en estos casos es recomendable delegar en un abogado o despacho de abogados las tareas  y la dirección del procedimiento judicial con el objetivo repartir la herencia.

B) En función de motivos económicos.

1.Cuantía económica de la herencia: En este sentido, los gastos del procedimiento de división de herencia irán ligados a la cuantía económica de una herencia, pero siempre con unos mínimos. En este sentido resulta obligatoria la contratación de un procurador, un abogado o despacho de abogados, peritos para la valoración económica de los bienes y un contador partidor para realizar la partición de la herencia.

Por lo tanto, no será conveniente acudir a un procedimiento judicial para repartir una herencia demasiado pequeña, puesto que ésta se verá muy mermada tras su reparto a través de un procedimiento judicial. Por lo tanto, debe tenerse presente que estamos ante un procedimiento que lleva aparejados costes  y deberá atenderse a un criterio de rentabilidad.

2.Inexistencia de liquidez: Otro supuesto es que la herencia yacente tenga un gran patrimonio cultural, inmobiliario, empresarial, etc. pero no dispongan los herederos de dinero efectivo para afrontar los gastos que conlleva le procedimiento. Tal y como señalamos en el apartado anterior los gastos irán en función del importe total de la herencia por lo que la existencia de un gran patrimonio elevará los costes. Este es sin duda, otro factor a tener en cuenta a la hora de acudir a un procedimiento judicial para repartir la herencia.

Desde nuestro despacho consideramos que lo ideal es que el reparto de la herencia se realice de mutuo acuerdo, en una Notaría y con la posterior inscripción de los bienes en el registro de la propiedad. No obstante, en ocasiones las posiciones de las partes están tan enquistadas que no queda más remedio que acudir a la vía judicial.

El procedimiento judicial de división de herencia es un procedimiento peculiar, sin efectos de cosa juzgada cuyas fases, de forma muy simplificada son las siguientes:

1ª.- Inicio mediante demanda.- El heredero o herederos que quieran iniciar el procedimiento deberán presentar una demanda ante el juzgado que sea competente.

2ª.- Fase de formación de inventario. En esta fase, las partes propondrán qué bienes forman parte de la herencia y cuales no. Muchas veces se generan problemas con la inclusión o exclusión de bienes que han sido vendidos con anterioridad al fallecimiento o donados, etc. En caso de no existir acuerdo en cuanto a los bienes se celebrará un juicio verbal en el que, mediante sentencia, el juez de primera instancia decidirá y fijará el inventario. 

3ª.– Designación de contador-partidor y peritos. Una vez se tiene  fijado el inventario, ya sea mediante acuerdo o mediante sentencia, se designará un contador-partidor, que es un abogado del partido judicial del juzgado competente, que se puede designar por lista, sorteo o incluso por acuerdo de las partes. Además se determinará si los peritos los nombra el contador partidor o si se nombran judicialmente, y en su caso, cuantos peritos se nombran en relación a los tipos de bienes que formen el caudal hereditario. El procedimiento admite diversas posturas a este respecto y habrá que estar a lo que decidan las partes.

4ª.- Presentación del cuaderno particional.– Una vez designado el contador partidor se llevará a cabo el cuaderno particional, en el que éste deberá proceder al reparto de los bienes de la herencia conforme a lo dispuesto en el testamento y, bajo la interpretación de las normas civiles que dicha persona haga y en base a la valoración económica que los peritos designados realicen. 

5ª.- Fase de impugnación del cuaderno particional. Si no se estuviese de acuerdo con el cuaderno particional, existirá un último tramite de impugnación del mismo mediante judicio verbal. Si no se realizan impugnaciones al cuaderno o, en su caso, una vez firme la sentencia quedará repartida la herencia de forma judicial si bien el procedimiento no tiene efectos de cosa juzgada, es decir, si un heredero consigue demostrar, por ejemplo, que un determinado bien debía formar parte de la herencia y no se incluyó, podrá interponer nuevo procedimiento judicial para que se incluya.

Una vez vistas las fases del procedimiento para repartir la herencia, son causas y la conveniencia de iniciarlo o no, debemos decir que es un procedimiento que exige una gran cualificación por parte del abogado o despacho de abogados actuante, toda vez que se requiere experiencia, habilidad en la negociación y una gran técnica procesal.

Tanto si necesitas un asesoramiento previo como la iniciación o defensa en un procedimiento judicial ponte en contacto con nosotros  en el Tfno. 881252160 o en info@insitu-a.com y te informaremos. 

La entrada Repartir la herencia judicialmente. ¿Cuándo es conveniente y cual es su procedimiento? se publicó primero en INSITU ABOGADOS Y ASESORES.

Y lo cierto es que en el marco del principio de libertad de las compañías para la fijación tarifaria que rige en el ámbito de los servicios aéreos dentro de la Unión Europea, debe de entenderse lícito que la empresa aérea pudiera ofertar la aplicación de tarifas más ventajosas, quedando sometidos a la aceptación del pasajero (al amparo del principio de autonomía de la voluntad – artículo 1255 del Código Civil) determinados condicionantes (como las limitaciones a la posibilidad de cancelación).

En este caso, alegan los abogados de Vueling,  que el demandante debió conocer al contratar, que su tarifa comportaba la imposibilidad de cancelación, y que si tal información no le fue proporcionada de ello debe responder la agencia de viajes EDREAMS porque a través de ella se hizo la contratación.

Pues bien, en este caso el Juzgado de Bilbao, entiende que el consumidor, al amparo del art. 68 y siguientes del TRLCU puede ejercitar el derecho de desistimiento en el plazo de 14 días desde la contratación del billete sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Además señala dos cuestiones muy interesantes para posicionarse en contra de los argumentos de Vueling:

La primera

Al realizarse la contratación a través de eDreams el usuario no pudo ver de forma clara y nítida que estaba contratando una tarifa más ventajosa a cambio de renunciar a su derecho de cancelación del vuelo. (Los abogados de Vueling no aportaron el contrato con eDreams).

La segunda

Los abogados de Vueling no acreditaron que efectivamente la plaza del demandante fuese vacía el día en el que se produjo la salida del avión, por lo que pudo haber vendido el billete a otra persona, y en consecuencia pudo existir enriquecimiento injusto, es decir, se pudo haber cobrado los mismos billetes a varias personas.

Además, señalar que el Juez impone las costas del procedimiento a la compañía Vueling, por lo que además de recuperar el importe abonado por los billetes el procedimiento le ha salido gratuito en cuanto a honorarios de abogado y procurador se refiere.

Optimismo.

En conclusión, debemos decir que aquellas personas que se hayan gastado un buen dinero en la contratación de billetes de avión y que ejerzan su derecho de desistimiento en el plazo de 14 días tienen, hoy por hoy, más posibilidades de recuperar su dinero.

Si es tu caso y necesitas asesoramiento sobre ésta o cualquier otra cuestión, puedes ponerte en contacto con nosotros tanto físicamente en nuestros despachos de A Coruña y de Monforte de Lemos, vía e-mail o telefónicamente en los teléfonos que aparecen en nuestra web, en Insitu Abogados + Asesores estaremos encantados de ayudarte.

Tania Tizón Vede

Abogada

tania@insitu-a.com

Inicio

La entrada Posibilidad de cancelar un billete de avión con devolución íntegra del precio. se publicó primero en INSITU ABOGADOS Y ASESORES.

Dicho esto vamos al caso:

La condena inicial.

EL pasado 14 de Diciembre de 2015, La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó a un Juez por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal, a las penas de UN AÑO Y TRES MESES de PRISIÓN con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA de NUEVE MESES con cuota diaria de quince euros (15€) y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad o de trabajos en beneficio de la comunidad si fueren aceptados por el penado por cada dos cuotas diarias no satisfechas, e INHABILITACIÓN ABSOLUTA por tiempo de TRES AÑOS.

Los hechos.

En síntesis, el supuesto de hecho consistió en que el Juez, ante la inspección solicitada por el Abogado, remitió escrito adjuntando una consulta a la base de datos del registro central de penados, a los efectos de hacer ver al CGPJ que el Abogado tenía antecedentes penales (cancelados desde el 2003) por colaboración con banda armada, y ello con el fin de acreditar la supuesta animadversión que hacia él sentía el Abogado. El Juez conocía perfectamente que el Abogado tenía antecedentes penales y que dichos antecedentes estaban cancelados, básicamente porque existieron diligencias penales abiertas en su juzgado en las que el Abogado figuraba como imputado.

Efectivamente, tenemos a un Abogado, administrador único de una sociedad mercantil, que en su día fue condenado por colaboración con banda armada, y que además tuvo varios procedimientos penales abiertos de los que fue absuelto. Debe tenerse en cuenta que, una cosa es que el Abogado no parezca “trigo limpio” y otra muy diferente es ampararse en sus “errores del pasado” utilizando información privilegiada y muy delicada para alzarse de razón.

El caso es que, al amparo del Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero regulador del Registro Central de Penados establece como finalidad fundamental del mismo la de servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, pero en ningún caso resulta admisible utilizar dicha información en aras de defenderse en un procedimiento de inspección por disputas profesionales entre Juez y Abogado.

Las pruebas.

                  Por una parte, tenemos el escrito remitido por el Juez al CGPJ, el cual rezaba textualmente: “igualmente añadir que no es la primera vez que el administrador legal de la mercantil XX S.L (el Abogado) presenta este tipo de denuncias falsas respecto de mi persona. Ello obedece a la animadversión que me tiene por haber estado procesado en las diligencias previas XX/200X si bien finalmente quedó exento de responsabilidad criminal por prescripción. Es más, desde entonces se tiene conocimiento de sus antecedentes penales por colaboración con banda armada de los que presume (documento nº 7) y manifiesta de manera reiterada y pública su voluntad de perjudicarme como sea‘.

                  Por si no fuera suficiente adjuntar la consulta al registro de penados y rebeldes a su escrito, también hay que destacar que dicha consulta quedó perfectamente registrada en los datos de registro, concretamente “certificación el día de 26 de noviembre de 2013 a las 11:27:10 horas”. La Secretaria Judicial también fue imputada en un principio, pero fue absuelta al declarar que ella hizo lo que el Juez le pidió.

El Abogado vio la oportunidad.  

Claro está, el Abogado, suponemos que herido en su orgullo, y en esta ocasión más listo y hábil, se percató de que el Juez estaba utilizando conocimientos previamente adquiridos y prevaliéndose del acceso a las bases de datos reservadas para el ejercicio de la justicia en base a su situación profesional como Juez, situación ante la cual el Abogado decidió presentar denuncia penal, la cual efectivamente prosperó con el resultado de condena expuesta al inicio de este artículo por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Y lo cierto es que, a priori, dicha condena es bastante clara, debiendo aprender todos los profesionales de la presente supuesto.

Al final: Tablas.

Finalmente el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de Julio de 2016 señala que:

“Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación promovido por la representación legal de el Juez , contra la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , en causa seguida contra el mismo por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, casando y anulando dicha resolución y procediendo a dictar segunda sentencia.”   Finalmente el Juez fue absuelto.

Evidentemente no seremos nosotros quienes digamos si la sentencia es justa o injusta (desde el punto de vista material), eso debe valorarlo el lector, lo que si podemos señalar es que es extremadamente compleja, e incluso, desde el punto de vista profesional resulta ciertamente discutible, cuestión que queda patente con el voto particular de uno de los magistrados del Tribunal Supremo que no estaba de acuerdo con el resto de la Sala y entiende que los hechos sí que se encuadrarían dentro de la conducta descrita en el art. 197.2 CP.

El motivo por el cual el Tribunal Supremo llegó a esta conclusión y absolvió al Juez es la de “error de derecho en el juicio de subsunción”, es decir, en síntesis viene a decir que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no incluyó los hechos correctamente en el precepto que describe la conducta delictiva, todo ello mediante una argumentación muy extensa. Lo cierto es que el Tribunal Supremo es nuestro máximo órgano judicial y hay que respetarlo (aunque muchas veces no compartamos sus argumentos).

CONCLUSIÓN  

Lo cierto es que el Abogado solicitó una inspección al Juez y creyó salirse con la suya; posteriormente el Juez se defendió remitiendo los antecedentes penales del Abogado y se creyó entonces el ganador; nuevamente el Abogado contraatacó presentando una denuncia penal y consiguiendo la condena del Juez; finalmente el Juez consigue un empate in extremis y la contienda queda en TABLAS, debiendo concluirse que nadie sale ganando con este tipo de situaciones.

Os dejamos el enlace de la Sentencia aquí para quien quiera ampliar la lectura.

Ldo.  Pablo Álvarez Escalada

pablo@insitu-a.com

https://www.insitu-a.com/

La entrada Juez vs. Abogado. El TS absuelve a un Juez que había sido condenado por una disputa con un Abogado. se publicó primero en INSITU ABOGADOS Y ASESORES.